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Un juzgado de Getafe ordena incoar diligencias previas por presunto delito de prevaricación contra Juan Soler

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  • – El auto, fechado el 17 de abril, acuerda abrir diligencias previas por presunta prevaricación
  • – La denuncia se centra en la adjudicación del proyecto del nuevo teatro de la Calle Madrid

El 14 de abril se presentaba una querella en los juzgados de Getafe en base a los hechos que han rodeado los trabajos de adjudicación del proyecto de ejecución del Teatro de la Calle Madrid, proyecto estrella del Gobierno Municipal de Juan Soler. Tras esto, el pasado 17 de abril el Juzgado de Instrucción nº 4 de Getafe dictaba un Auto que, dejando pendiente la ratificación de la querella por el querellante (hecho que acaeció el día 5 de mayo), acordaba abrir Diligencias Previas por entender que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación.

A fecha de hoy, según ha podido saber este medio, está pendiente de publicación nueva resolución del Juzgado por la que se admita la querella y se tenga al querellante como parte y se acuerden los medios de prueba a practicar.

Las personas contra las que se dirige la querella tal y como en ella se expresa y así lo recoge el Auto del Juzgado de 17 de Abril son:

Juan Soler-Espiauba Gallo; Alcalde de Getafe
Paz Álvarez Sánchez-Arjona; Concejal Delegada de Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda
Fernando Lázaro Soler; Concejal Delegado de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior
María Luisa Gil Madrigal, Gerente de la empresa pública GISA en el momento que sucedieron los hechos y
Juana Álvaro Hernández, responsable del área Jurídica de la empresa pública GISA

Querella

En la querella, a la que ha tenido acceso este medio, se relatan de forma pormenorizada una serie de hechos que presuntamente pueden ser constitutivos de delito en la contratación para la «Redacción de proyecto básico y de ejecución del Centro Europeo de Artes Visuales y Escénicas de Getafe» realizada por la empresa pública GISA, tras una encomienda hecha por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe el 12 de noviembre de 2012 basada en un decreto formulado por el Alcalde Juan Soler en esa misma fecha, para que sea la empresa pública GISA la que realice la contratación porque los plazos «hacen necesario acudir a la mayor agilidad y total garantía para tramitar contrataciones que ofrece la empresa GISA», lo que se traduce según la denuncia interpuesta en que «con esta encomienda el Gobierno Municipal de Getafe consigue saltarse los trámites de la Mesa de Contratación, tal y como está establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público».

El 16 de noviembre, apenas unos días después, GISA «aprueba los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas para la realización de dos contratos, lo cual supone un presunto fraccionamiento ya que estos dos contratos se adjudican a la misma empresa«, según recoge la denuncia. Uno de estos contratos es el derribo del edificio existente, por un importe de 48.835,60€ IVA incluido y el otro, la redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo edificio, por un importe de de 70.998,59€ IVA incluido. Si se hubieran sumado ambos proyectos, 119.834,19€ IVA incluido, el procedimiento para la contratación hubiera tenido que ser abierto a todas las empresas que hubieran querido participar en el mismo. Sin embargo, al presuntamente fraccionarse en dos contratos, se pudo optar por la figura del «negociado sin publicidad», que es aquella en la que la Administración invita a tres empresas, las que elija, sin tener que dar explicaciones del por qué se eligen esas y no otras.

Procedimiento de Contratación

En los hechos relatados en la querella, podemos leer que «una vez que GISA aprueba el pliego de cláusulas administrativas (el 16 de noviembre de 2012),  la gerente de GISA por aquel entonces, María Luisa Gil Madrigal, envía una carta con fecha de registro de salida el mismo viernes 16 de noviembre« a las tres empresas escogidas por GISA y se les da un plazo de presentación de ofertas «hasta el miércoles 21 de noviembre de 2012 en la sede social de GISA. De esto se desprende que se le da a las empresas tan solo tres días hábiles de plazo para presentar las ofertas, teniendo en cuenta que es muy factible que esa carta no llegara el mismo día 16 de noviembre a la sede de las empresas, no parece por lo tanto muy razonable que puedan preparar la documentación con tan poco tiempo«. Sin embargo, las empresas se presentan al concurso, lo cual según la querella, «solo puede obedecer a que presuntamente las empresas tienen información privilegiada con anterioridad al procedimiento de licitación de este contrato».

De las tres empresas invitadas a presentarse al concurso, y para resumir lo explicado en la querella, la primera empresa es de reciente constitución, ya que apenas tiene un mes de existencia. Lo curioso de la segunda empresa es que, quien presenta la solicitud de la oferta, presuntamente es la esposa del administrador de la primera empresa y socia, como así figura en el acta de constitución de la misma, siempre según recoge la querella. La oferta de la tercera empresa la presenta un arquitecto técnico, que curiosamente, es el arquitecto técnico que presta su titulación y su seguro de responsabilidad civil a la primera de las empresas, la de reciente constitución, para poder acreditar tener solvencia técnica y económica, pero que no los adjunta para su propia oferta, con lo cual no acredita la solvencia requerida en los requisitos de los pliegos.

Ante esto, un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, aprobado el pasado 29 de julio de 2014, hacia mención a esta contratación, diciendo textualmente «la solvencia mínima exigida de las empresas o de los profesionales para ser admitidos en el procedimiento negociado sin publicidad celebrado para adjudicar el contrato nº 213 de “Redacción de proyecto básico y de ejecución del Centro Europeo de Artes Visuales y Escénicas de Getafe”, no era particularmente rigurosa: disponer el arquitecto y el arquitecto técnicos responsables de la ejecución de una experiencia profesional mínima de 5 años.
El órgano de contratación invitó a presentar oferta a tres empresas, dos de las cuales fueron excluidas por no acreditar la solvencia requerida.
De esta manera no se produjo una concurrencia efectiva ya que el órgano de contratación solamente obtuvo la proposición de una empresa.
El órgano de contratación tiene la obligación, artículo 178.1 TRLCSP, de solicitar ofertas de empresas capacitadas, es decir, entre otras cuestiones, que dispongan de la solvencia precisa para concurrir a la licitación».

La querella presentada, que tiene una relación muy detallada de hechos presuntamente constitutivos de delito, incide también en que el edificio finalmente proyectado, no se ajustaba a la normativa vigente del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe. En vez de cambiar el proyecto, que hubiera sido lo más rápido, se optó por cambiar parte del Plan General, como se detalla en la querella, así como otros hechos que presuntamente pueden ser constitutivos de delito, como la subcontratación de los trabajos o el incumplimiento de los pliegos técnicos y administrativos, así como la falta de vigilancia del proceso, tal y como se relata en la querella.

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