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¿Quiso el Gobierno de Juan Soler en Getafe «perdonar» 588.000 euros de las arcas municipales de un impuesto?

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Juan Soler y Manuel Ortiz durante el gobierno del PP en Getafe
  • El Gobierno de Juan Soler quiso renunciar al posible cobro del ICIO a la Universidad Carlos III de Getafe días antes de que un tribunal condenara a ésta a su pago
  • El expediente no contiene ninguna fundamentación técnica o jurídica que llevara al Gobierno de Juan Soler a desistir de un procedimiento estaba a punto de sentenciarse

Corría el año 2011 en el calendario cuando la Universidad Carlos III presentaba un recurso ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo contra la resolución municipal que confirmaba en reposición otra anterior, sobre la exención del pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) girado por el Ayuntamiento de Getafe a la Universidad.

Un año antes, en el 2010, el Ayuntamiento de Getafe expedía dos liquidaciones, la num. 2897257 y la 287132, cuyo importe final según ha podido conocer este medio superaban con mucho los 500.000 euros. Sin embargo, la universidad entendió que estaba exenta de este abono, mientras que el ayuntamiento consideraba que no era así, por lo que la universidad realizó todos los recursos posibles que el ayuntamiento fue denegando hasta llegar a los tribunales.

El juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 14 de Madrid, admitió el recurso, y una vez cumplimentados los trámites preceptivos, salvo «los plazos para dictar resolución definitiva ante la carga de trabajo que recae sobre este órgano jurisdiccional», según recoge la propia sentencia, falló con fecha 28 de febrero de 2013 en favor de la universidad, anulando las resoluciones del Ayuntamiento de Getafe y reconociendo la exención tributaria del pago del impuesto a la universidad.

Estimaba el juzgado nº 14 que existía un «convenio de colaboración suscrito entre las partes, y subrayándose la inconsistencia de los argumentos del ayuntamiento para no reconocer la exención del ICIO en cuestión». Además, explicaba el juzgado que el ayuntamiento preveía una posible bonificación del hasta el 95% de la cuota del ICIO cuando concurrían determinadas circunstancias especiales de interés público declaradas por el ayuntamiento, circunstancias que según la sentencia «ya se dan en el supuesto mencionado puesto que, en su momento, la Comunidad de Madrid declaró el interés público de la actividad docente e investigadora de la universidad” y que “dicho interés público no puede ahora negarse por el ayuntamiento».

Sin embargo, el Ayuntamiento de Getafe recurrió esta sentencia, dentro de los plazos legales, siendo admitido el recurso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El ayuntamiento alegaba que existía un «error en la valoración de la prueba por parte del juez» ya que tenía en cuenta «un convenio de hace 16 años durante los cuales se ha venido pagando el ICIO; así como la incongruencia al no llevar a cabo razonamiento alguno que justifique la aplicación del art. 80 de la L.O. 6/2001 de Universidades».

El Tribunal Superior señala el día 21 de noviembre de 2013 para la deliberación, votación y fallo del recurso presentado por el Ayuntamiento de Getafe, sin embargo ocurre un hecho muy grave apenas unos días antes.

Extraño comportamiento

Efectivamente, el 15 de noviembre de 2013, Manuel Ortiz, el que fuera concejal de presidencia y portavoz del Gobierno municipal del Partido Popular de Juan Soler, dirige un escrito a la Jefa de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Getafe en el que, «en base al artículo 74.1 de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo» informa de «la decisión que me traslada el Gobierno municipal de Getafe con el fin de desestimar el recurso presentado por este ayuntamiento en el pleito abierto con la Universidad Carlos III de Getafe y para que tomen las medidas oportunas en plazo oportuno».
O lo que es lo mismo, unos días antes del fallo del Tribunal Superior, el Gobierno municipal del Partido Popular pretendía desistir del cobro del impuesto casi al final de un procedimiento de dos años, al que tanto los letrados municipales como los técnicos del área fiscal entendían que se tenía derecho a percibir.
Con fecha 18 de noviembre de 2013, la Directora de la Asesoría Jurídica remite un escrito instando al letrado municipal para que retire el recurso.
Éste contesta que a tenor del art. 74.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo «para que el desestimiento de la Administración produzca efectos, habrá de presentarse testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente«, que corresponde «a la Junta de Gobierno Local«, según el art. 127.1.J.

Así sucede en la Junta de Gobierno Local del 19 de noviembre de 2013, de la que se ausenta el por aquel entonces alcalde, Juan Soler.

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Detalle de la proposición de desestimiento de la Junta de Gobierno Local de Getafe

El letrado municipal advierte además en la contestación a la solicitud de su superior jerárquica que «se ha de tener en cuenta que el tribunal podrá rechazar el desestimiento cuando aprecie daño para el interés público» y explica que existen sentencias del Tribunal Constitucional en las que «no opera, sin más, el principio dispositivo del desestimiento, debiendo contrastarse con la presencia de otros intereses de carácter general implícitos en el proceso», lo que no parece suceder en este caso, pues no existe en el expediente razonamiento que exprese la presencia de estos intereses generales.
Es más, en la reunión de la Junta de Gobierno de 20 de diciembre de 2013 se da cuenta de la providencia de fecha 26/11/13, procedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección 2ª, sobre el escrito de desistimiento presentado los letrados municipales en el recurso de apelación 627/13. Dicha providencia inadmitía a trámite el escrito presentado el 20/11/13 por el letrado consistorial por el que solicitaba tener por desistido al Ayuntamiento de Getafe del recurso de apelación por haberse celebrado ya la deliberación y estar dictada la correspondiente sentencia. Efectivamente, en la Junta de Gobierno celebrada el 28 de enero de 2014 se da cuenta de dicha sentencia, procedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 27/11/13. La sentencia, contra la que no cabía recurso, estimaba el recurso de apelación interpuesto por el ayuntamiento, contra la sentencia de fecha 28/2/13, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 14 de Madrid en el Procedimiento Ordinario 44/11, revocándola por no ajustarse a Derecho; o lo que es lo mismo, daban la razón al Ayuntamiento de Getafe por denegar la exención solicitada del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por la Universidad Carlos III.
Explicaba el alto tribunal madrileño que el art. 100 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales establece una serie de exenciones en el pago el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras para la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueña el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, que vayan a ser destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y sus aguas residuales… pero que en modo alguno se citan los equipamiento educativos en esta normativa.

Dinero público

En el expediente no existe ninguna razón jurídica, ni técnica, que apoyara la decisión del Gobierno de Juan Soler de desistir del procedimiento, mediante el cual finalmente las arcas municipales debieron ingresar más de 580.000 euros. Este medio no ha podido conocer la forma en la que la universidad ha realizado los pagos, ya que fuentes consultadas explican que una parte pudo «convalidarse» con el pago de servicios o con el alquiler de las aulas de la Universidad por parte del ayuntamiento.

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