Principal Getafe La Policía Judicial irrumpe en el Ayuntamiento de Getafe

La Policía Judicial irrumpe en el Ayuntamiento de Getafe

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Centro Europeo de Produccion de Artes Audiovisuales y Escenicas de Getafe

  • Una querella sobre la reforma del antiguo teatro de la calle Madrid para convertirlo en un Centro Europeo de artes escénicas ha sido la iniciadora de la actuación
  • Este centro cultural fue una de los actos estrella de Juan Soler (PP) a su llegada a la alcaldía del municipio

Agentes de la Policía Judicial de la Policía Nacional registraron ayer a lo largo del día dependencias municipales del Ayuntamiento de Getafe, así como otros domicilios sociales y particulares, tras la querella presentada en abril del año pasado por el editor de este medio de comunicación.

En la querella se daba cuenta de las deficiencias encontradas por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, así como las investigaciones periodísticas que ha llevado adelante este medio consultando los expedientes, a lo largo de varios meses, en relación al proyecto de construcción del nuevo Centro Europeo de Artes Escénicas de Getafe.

Las investigaciones, cuyas diligencias previas las lleva a cabo el juzgado número 4 de Getafe, se encuentran abiertas desde hace varios meses, aunque desde el pasado mes de junio han tenido importantes novedades. En concreto, el Grupo XVI de la Brigada Provincial de Policía Judicial, ponía en conocimiento del juez una serie de presuntas irregularidades cometidas durante la tramitación y adjudicación de varios contratos en el año 2012 a la mercantil Vegas Arquitectura, incriminando por tanto al Ayuntamiento de Getafe y a la empresa pública GISA (Getafe Iniciativas) durante la época en la que gobernaba el municipio el Partido Popular, con Juan Soler a la cabeza.

Los indicios

El 12 de noviembre de 2012 se produce una sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, en la que se realiza una encomienda, desde el Ayuntamiento de Getafe, a la empresa pública GISA, para llevar a cabo «los trabajos preparatorios para la construcción del Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales y Escénicas en el número 50 de la Calle Madrid». Es, a partir de este momento, cuando la policía cuestiona este modo de actuar ya que «el Ayuntamiento de Getafe cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo cualquier procedimiento de licitación» y que las explicaciones dadas, sobre que a través de GISA se agilizaría la tramitación del contrato «carecen de fundamento».

Tras esto, la policía encuentra que la propia empresa GISA realizó cambios significativos en los pliegos. De no haberlo hecho, siempre según las investigaciones, la empresa adjudicataria no podría haberlo sido. Por ejemplo, se introduce como criterio a puntuar la reducción de los plazos, que a la postre allanaría el camino de la adjudicataria, ya que ésta formuló la propuesta económica más alta. Se da la circunstancia de que, además, esta empresa apenas tenía un mes de existencia.

Respecto al proceso, un «negociado sin publicidad», por el cual es la administración la encargada de invitar en el concurso público al menos a tres empresas, no constan los motivos para elegir en concreto a las tres empresas que participaron en el concurso, ni mucho menos quién fue el encargado de elegirlas. Estas empresas, además, estaban relacionadas entre sí, hasta el punto de que la encargada de presentar la oferta de una de las empresas invitadas era la esposa del administrador de otra de ellas, constando además en el acta de constitución de la empresa de su marido.

GISA realizó las invitaciones a las empresas tres días antes de que  recibiera la encomienda de la gestión por parte del Ayuntamiento de Getafe.

Un proyecto deficiente

Nada más comenzarse la construcción del proyecto del nuevo edificio, comenzaron a aflorar las deficiencias en el mismo, según dos informes formulados por la dirección facultativa de la obra.

Las investigaciones policiales se encontraron con otro significativo hallazgo: el arquitecto que figura como redactor del proyecto, aseguró que no lo realizó, sino que solamente lo revisó y firmó por hacerle el favor a una persona cercana a él, llegando incluso a no percibir, según su versión, ninguna cantidad económica por esta circunstancia. Esta subcontratación, que no es la única, estaba expresamente prohibida en los pliegos de las cláusulas administrativas del contrato.

Como se recordará, las obras de construcción del teatro se encuentran paralizadas por la falta de consignación económica para hacer frente a las certificaciones de obra, así como por las graves deficiencias detectadas en el proyecto (incumple la normativa de seguridad contra incendios, la de seguridad y evacuación, carece de insonorización, tiene graves problemas estructurales…). Recientemente se anunció la rescisión del contrato de construcción con Dragados debido a que las modificaciones a realizar en el proyecto superan con mucho el tope marcado por la ley, lo que obliga a realizar otro concurso público una vez se hayan corregido las deficiencias.

La querella

La primera denuncia sobre este asunto se formuló ante la Fiscalía Anticorrupción en febrero de 2015. Este órgano dirigió al denunciante un escrito alegando que no era competente en la materia, y que daba traslado al fiscal de la zona, el cual decidió archivar la denuncia. Sin embargo, seguro de que se habían cometido una serie de presuntas irregularidades, el denunciante solicitó los servicios profesionales del abogado Alberto G. que es un abogado dispuesto a colaborar en la búsqueda de la verdad y en la lucha contra la corrupción, y de una procuradora, registrando en el mes de abril de ese mismo año una querella penal, que fue admitida a trámite por el juez.

En esa querella, además de explicar los indicios encontrados en los expedientes, se ponía de relieve un informe, elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que también había detectado una serie de presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación. Una de estas irregularidades es que «la solvencia mínima exigida de las empresas o de los profesionales para ser admitidos en el procedimiento» no era «particularmente rigurosa» y que de las tres ofertas a las que se cursó la invitación para presentar su propuesta, dos «fueron excluidas por no acreditar la solvencia requerida», explicando la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid que «de esta manera no se produjo una concurrencia efectiva ya que el órgano de contratación solamente obtuvo la proposición de una empresa.»

Además de estos hechos, la querella también incluía un presunto fraccionamiento de contratos, entre otros aspectos.

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