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El fiscal sienta en el banquillo de los acusados a la exgerente de GISA

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Juan Soler junto a María Luisa Gil Madrigal
  • El ministerio fiscal pide una pena de 9 años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, además de las costas, para María Luisa Gil Madrigal
  • La acusación particular amplía su acusación también a la directora de los servicios jurídicos de GISA, Juana Álvaro

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 6 de Getafe ha hecho público un auto, con fecha febrero de 2016, por el que declara la apertura de juicio oral en el juzgado de lo penal por presuntos delitos de prevaricación contra María Luisa Gil Madrigal, la que fuera Gerente de la empresa pública GISA de Getafe, nombrada por Juan Soler durante su etapa como alcalde de la ciudad, y contra Juana Álvaro, que ocupaba el cargo de secretaria General de GISA.

El fiscal, en su escrito de acusación, explica que «con el ánimo de menoscabar la función pública» y con el objetivo de contratar a una persona en concreto, cuyas iniciales son J.M.B.M, hijo de un senador del Partido Popular que compartió legislatura con Juan Soler en esa misma cámara para pasar después a ser un alto cargo en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, «a sabiendas de no reunir los requisitos necesarios para desempeñar el cargo«, cometió una serie de hechos que el fiscal explica con claridad en su escrito.

Los hechos, según el fiscal

El fiscal explica que el 27 de mayo de 2014, GISA convocó un proceso de selección de personal, para realizar trabajos dentro del Proyecto URBAN de la Alhóndiga, que estaba cofinanciado al 50% por la Unión Europea. En este proceso de selección se iban a contratar a dos personas, una como administrador/contable con nivel salarial 8, y otra para un/a Técnico/Coordinador con nivel salarial 18.

En las bases de la convocatoria, para acceder a esta plaza de Técnico/Coordinador se requería ser abogado en ejercicio con tres años de experiencia profesional en la abogacía, entre otros requisitos.

Una vez realizadas las pruebas selectivas la persona que obtuvo mayor puntuación resultó ser otro aspirante, A.G.R, quedando en segundo lugar J.M.B.B, la persona a cuya contratación se había orientado el proceso.

Tras esto, explica el fiscal «para lograr su propósito de contratarle, trató en primer lugar, de anular dicha convocatoria, contando con un informe jurídico elaborado y firmado a su instancia, por JUANA ÁLVARO«, con el que propuso «dejar sin efecto la convocatoria», según el fiscal «bajo el pretexto de que la presidenta del Tribunal que convocó la prueba no estuvo presente, a sabiendas de que su ausencia estuvo justificada y de que fue ordinariamente sustituída».

Pero, como no consiguió su propósito, y una vez publicada la calificación definitiva del proceso para cubrir las vacantes, «con la misma intención de contratar» a J.M.B.M «dictó resolución modificando las Bases del anterior Proceso de Selección» en el sentido de «ampliar la contratación de los puestos de trabajo«, ofertando otro puesto de técnico, con el mismo perfil profesional que el originario pero con la coletilla de que «la contratación de este puesto se realice con la lista de aspirantes que han superado la prueba de conocimientos para el puesto de Técnico/Coordinador», o lo que es lo mismo, para el siguiente de la lista, J.M.B.M. Ese mismo día, se publicó en la página web de GISA esta modificación de las bases, así como la resolución para contratar a J.M.B.M.

Para el fiscal, «dicha plaza la amplió sin sacar un anuncio en los medios de comunicación/boletines» y «conculcando los principios de libre concurrencia y transparencia», entre otras muchas cosas que, a tenor del ministerio fiscal, contravenían «de manera consciente, lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público».

Después de esto, y «a sabiendas de no existir dotación presupuestaria» para la plaza de trabajo ampliada, propuso a la persona que había obtenido la plaza, A.G.P, que renunciara a ella. Al no conseguir su propósito «le conminó a firmar un contrato de Técnico con nivel 10, en lugar de Técnico/Coordinador con nivel 18», que fue firmado por A.G.P «en un grupo profesional muy inferior al ofertado públicamente y con la consiguiente merma salarial». Dos días después, la por aquel entonces Gerente, le restableció el nivel 18.

Por lo tanto, finalmente la gerente de GISA en la época de Juan Soler como alcalde de Getafe, logró contratar finalmente a J.M.B.M «a sabiendas de que no cumplía el primero de los requisitos específicos que ella misma había exigido», ya que en la fecha de presentación de instancias, J.M.B.M «no era abogado en ejercicio».

El contrato de GISA con J.M.B.M se firma el 18 de septiembre de 2014, incluyéndole en el grupo profesional de técnico, nivel 10, desempeñando sus funciones hasta el 14 de octubre de ese mismo año, día en el que se le resolvió el contrato «como consecuencia de no haber superado el periodo de prueba fijado en la cláusula tercera del contrato de trabajo». Por este escaso mes, recibió un pago de 1.298,92 euros y un finiquito de 588,97 euros.

Estos hechos narrados, según el fiscal, son posibles constitutivos de delito de prevaricación, previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos. Por estas razones, el fiscal solicita imponer a María Luisa Gil Madrigal la pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y las costas del proceso.

Acusación particular

Por su parte, la acusación particular ha presentado un escrito de acusación contra María Luisa Gil Madrigal y Juana Álvaro Hernández por delito de prevaricación recogidos en los artículos 404 y 405 del Código Penal, solicitando que se les imponga una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y la pena de multa de seis meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos años, incluidas en ambos casos, accesorias y costas procesales.

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