Principal Getafe La Operación Termyca de presunta corrupción recala en el Ayuntamiento de Getafe

La Operación Termyca de presunta corrupción recala en el Ayuntamiento de Getafe

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El coche de la Guardia Civil en las puertas del Ayuntamiento de Getafe
  • La UCO de la Guardia Civil se persona en el Ayuntamiento de Getafe para recabar información en el seno de la Operación Termyca
  • La empresa CGI, objeto de las investigaciones, obtuvo dos grandes contratos en los años 2012 y 2014, durante el Gobierno del Partido Popular

En mitad de la rueda de prensa habitual del día antes del Pleno Municipal de Getafe, la alcaldesa Sara Hernández anunciaba a los medios presentes en el salón de prensa: «me informan, disculpadme, que está actualmente la policía en el ayuntamiento. Por lo tanto, se les podrá dar toda la información que hayan pedido. Se encuentran actualmente en el departamento de contratación, y después en el departamento de compras«…

La alcaldesa se refería a la presencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Getafe para recabar información sobre la empresa CGI, cuyos contratos, según Hernández, fueron suscritos «en noviembre de 2012, y en junio de 2014, ambos por procedimientos abiertos donde las garantías de la concurrencia competitiva están asegurados». Ambos servicios se refieren a la inspección de recaudación de tributos y de atención a la ciudadanía y de recaudación ejecutiva del área de Hacienda del ayuntamiento.

El importe de los contratos asciende, en el año 2012 a 1.222.821,32€, compitiendo CGI con otra empresa, y en el año 2014, de 4.080.000€. En este último contrato compitió con otras dos empresas. Una de ellas, ofreció una proposición económica más ventajosa que la de CGI, empatando en la valoración de mejoras. Solo el «proyecto técnico/memoria» inclinó la balanza a favor de CGI, por un margen escaso de 4 puntos.

Existen, además, muchos reconocimientos extrajudiciales de crédito hacia esta empresa, en diferentes Juntas de Gobierno Local.

Se da además la curiosa circunstancia de que el ex alcalde Juan Soler (PP) realizó un evento en ESADE (Universidad Ramón LLull) en el año 2013, denominado «La colaboración público-privada en la gestión tributaria municipal: el caso de CGI» en el que intervino, además del propio Juan Soler, en su calidad de alcalde de Getafe, el director general de la empresa, Ramón Solé, que es uno de los detenidos en la operación Termyca. El evento pretendía reflexionar «sobre la colaboración público-privada en la gestión tributaria municipal, en un momento en que a las cargas financieras acumuladas vienen a añadirse las dificultades para consolidar y ampliar las fuentes de ingresos, debido a la persistencia de la crisis económica», según rezaba la publicidad del evento.

Soler dialoga con el concejal Fernando Lázaro y con la gerente de Recaudación Ejecutiva, Charo Lucas

La Operación Termyca

La denominada operación Térmyca, fruto de la iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción tras las denuncias de concejales de los ayuntamientos afectados, indaga los contratos firmados por los consistorios con la sociedad Efial SL. El Juzgado número 1 de El Vendrell, que instruye la causa -iniciada en el Ayuntamiento de Torredembrra-, ha aglutinado en su investigación los procedimientos que en paralelo seguían los juzgados de Tortosa, Gandesa y Reus.

La operación, desarrollada en varios puntos de la geografía española, pretende acabar con una trama de asesorías y consultorías que trabajaban para lograr adjudicaciones irregulares en diferentes ayuntamientos. Según una nota emitida por la Fiscalía Anticorrupción, «la investigación ha desvelado la existencia de una operación financiera mediante la cual Efial Consultoría SL fue absorbida por otra (Control de Gestión de Ingresos), creando un entramado similar a la primera que hizo que la actividad delictiva se extendiera fuera de Cataluña».

«Tanto cuando la organización criminal actuó bajo el nombre de Efial Consultoría como cuando lo hizo como Control de Gestión de Ingresos, los investigados construyeron una estructura paralela en los ayuntamientos para evitar en su actuación la labor supervisora del secretario e interventor municipales», reza el comunicado de la Fiscalía, que asegura también haber «detectado la creación de la figura instrumental y ficticia de sociedades públicas (Entidades Públicas Empresariales Locales) carentes de actividad específica, creando un entramado fraudulento por el cual se desvían fondos públicos municipales de ayuntamientos a la citada entidad pública y de ésta a la sociedad mercantil privada».

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