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La trama Púnica usó, presuntamente, la compra de unos terrenos en El Bercial para repartir comisiones ilegales

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  • La Guardia Civil sospecha que, tras la empresa AYJOPEN CONSULTORÍA, se encontraba Francisco Granados
  • Esta empresa, por la compra de unas participaciones empresariales, obtuvo unas plusvalías en menos de tres años del 442%

El 26 de octubre del año 2004 mediante escritura pública ante el notario Femando MOLINA STRANZ, la sociedad OBRAS Y VIAS S.A., representada por Ramiro CID, VANCOUVER GESTIÓN S.L., representada por David MARJALIZA, y AYJOPEN CONSULTING S.L. ,representada por Mª José MARIJUAN, compraron el total de las participaciones sociales de la sociedad CIRCUITO DE PRACTICAS PISTA SUR SL. En total 15.000 participaciones sociales por un importe de 2.073.491,76 €, es decir 138,23 €/participación. Concretamente OBRAS Y VIAS adquirió 4.800, VANCOUVER 9.800 y AYJOPEN 400 participaciones. Estas últimas participaciones representaban el 2,66% del capital social de la empresa.

CIRCUITO DE PRACTICAS PISTA SUR SL era la propietaria de unos terrenos en Getafe (Madrid), estando calificados desde el año 1997 para el uso de autoescuela.

Estos terrenos sufrieron una recalificación en diciembre del año 2003, según indica la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en un extenso informe “con motivo de la aprobación de un determinado convenio urbanístico con el Ayto. de Getafe, en el cual no participó ninguno de los encartados, pasando a ser ‘calificada’ como de uso residencial y edificable.

Evidentemente mediante la compra de la sociedad CIRCUITO DE PRACTICAS PISTA SUR igualmente se adquirió la propiedad de la parcela.

El informe de la UCO de la Guardia Civil, en poder de ELBERCIAL.COM, explica que “analizada la forma de abono del importe de la compra, se observa que se realizó mediante 6 cheques bancarios; 3 de 390.657,87 € cada uno firmados por parte de Ramiro CID y 3 de 300.506,05 € cada uno firmados por parte de David MARJALIZA, todos ellos cargados a una cuenta de TUVALU GESTIÓN, la suma de estos 6 cheques hacen el total de los 2.073.491,76€ de la operación. Sorprendentemente Mª José MARIJUAN, a pesar de adquirir 400 participaciones, no consta que abone ninguna cantidad en ese momento”, figura en el informe.

Años después en otra escritura pública de fecha de 12 de julio de 2007, AYJOPEN CONSULTING y también recogida en el extenso informe de la Guardia Civil, “vende las 400 participaciones que había ‘adquirido’, sin pagar, de CIRCUITO DE PRACTICAS a TUVALU GESTIÓN S.L., por un importe de 300.000 € (750 €/participación). Esta cantidad se abona mediante un cheque de 150.000€ y un pagaré de otros 150.000€, ambos cargados en una determinada cuenta del Banco Santander titularidad de TUVALU GESTIÓN y a favor de AYJOPEN CONSULTING”, según consta en el informe.

Para ilustrar la operación, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realiza un cuadro en el que se muestran de forma gráfica las operaciones de compraventa realizadas por OBRAS Y VIAS, VANCOUVER GESTIÓN y AYJOPEN CONSULTING de las participaciones de CIRCUITO DE PRACTICAS PISTA SUR.

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Según un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria en la Fiscalía Anticorrupción se indica que en la declaración fiscal del “Modelo 198” de operaciones con activos financieros presentada por el notario Fernando MOLINA STRANZ correspondiente al año 2004, figura que AYJOPEN CONSULTING el 26 de octubre de 2004 adquirió 400 participaciones de CIRCUITO DE PRACTICAS PISTA SUR por un importe de 55.293,11€. Para la Guardia Civil,  “esta supuesta ‘aportación’ que realiza AYJOPEN CONSULTING de 55.293,11 € para la compra de la sociedad CIRCUITOS DE PRACTICAS PISTA SUR, no aparece en la escritura de compraventa, figurando en este documento público que las únicas mercantiles que aportan el capital para la compra de CIRCUITOS DE PRACTICAS son OBRAS Y VIAS y VANCOUVER GESTIÓN”.

La Guardia Civil continúa “a tenor de la información aportada por la Asesoría Jurídica del Banco Santander, entidad en la que se compensa el cheque, se ha podido evidenciar cómo AYJOPEN CONSULTING entregó un cheque nominativo a TUVALU GESTIÓN por un importe de 55.293,11 € con fecha 12 de julio de 2007, es decir se ingresó casi 3 años después de la supuesta “compra” de participaciones” y añade el informe de la benemérita que “esta cantidad coincide teóricamente con el precio que AYJOPEN debería haber satisfecho en 2004 por la supuesta compra de las 400 participaciones de CIRCUITO (400 participaciones a 138,23 €/participación hacen un total de 55.292€)”.

Por otra parte en otra determinada escritura de fecha 12 de septiembre de 2005, Mª José MARIJUAN ALONSO en representación de AYJOPEN CONSULTING confirió poder expreso a OBRAS Y VIAS y a Ramiro CID SICLUNA para que cualquiera de ellos de forma solidaria o indistinta puedan ejercitar todos los derechos políticos de las 400 participaciones sociales de CIRCUITOS DE PRACTICAS PISTA SUR en todo tipo de Juntas Generales, “decantando el derecho de voto sobre los puntos del orden del día en la forma que considere más conveniente”, afirma la Guardia Civil.

Los investigadores consideran “paradójico” que AYJOPEN CONSULTING pague en 2007 una cantidad que debía haber abonado en 2004 para la compra de unas participaciones, y que “un determinado notario declaró a la AEAT el pago de esa cantidad” tres años antes.

Para la Guardia Civil es evidente que “AYJOPEN en el momento de la compra de las participaciones de CIRCUITO DE PRACTICAS PISTA SUR, no aportó ninguna cantidad, siendo desembolsada por VANCOUVER GESTIÓN SL y OBRAS Y VIAS SL. Posteriormente como se ha visto AYJOPEN CONSULTING obtuvo un beneficio de 300.000 € en la venta de estas participaciones (en 2007 obtiene un precio de 750 €/participación que ‘supuestamente’ había comprado a 138,23 €/participación), es decir una plusvalía de aproximadamente el 442%”, reza en el extenso informe.

Teniendo en cuenta que la parcela estudiada estaba ya calificada como de uso residencial y edificable en diciembre 2003 “y que fue adquirida por los encartados mediante la compra de la sociedad que la titulaba en octubre de 2004, resulta especialmente llamativo el gran incremento de valor que sufrieron las participaciones en menos de 3 años; toda vez que no se tiene conocimiento de proyecto inmobiliario, construcción o acto administrativo alguno que justifique ese gran incremento de valor. Cabe preguntarse por tanto cuál fue el motivo de la generación de esa gran plusvalía en la venta de las participaciones a favor de AYJOPEN”, se preguntan los investigadores en el informe.

“A juicio de esta Unidad de investigación esta operativa carece de lógica comercial y/o económica, puesto que difícilmente se puede comprar un activo, en este caso parte de la sociedad que titula un circuito de prácticas, sin hacer pago alguno en el momento de la compra como fue el caso de las 400 participaciones ‘adquiridas’ en octubre de 2004 por AYJOPEN. Escaso sentido tiene asimismo la adquisición de las participaciones de una mercantil rechazando el derecho al voto en las juntas en favor de otro de los socios.

“Evidentemente el incremento generado en 3 años del 442% entre el precio de compra y venta de las participaciones de la sociedad debería estar justificado en cambios en el valor de los activos y/o creación de valor de la sociedad, circunstancias que a juicio de esta Unidad de investigación no han concurrido en una medida que justifique el incremento. En esa línea resulta evidente que las partes vinculadas mantenían estrechos vínculos criminales y personales, no existiendo un mercado abierto y libre en la trasmisión de las participaciones que permita establecer una justificación al precio pagado a AYJOPEN en 2007”, escriben los agentes de la Guardia Civil.

Finalmente, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil señala que “esta operativa únicamente se comprende desde el punto de vista del blanqueo de capitales, con el único objetivo que a través de esta incongruente y compleja operación societaria Francisco J. GRANADOS obtuviera una contraprestación económica encubierta a sus actividades corruptas a través de la interposición de AYJOPEN y su administradora”.

La presunta trama

getafe_granados_punicaPese a que Valdemoro contaba con un PGOUV aprobado en el año 1999 por la corporación que dirigía el ex Alcalde socialista José HUETE LÓPEZ y que este Plan General ya preveía una importante incorporación de nuevo suelo tanto residencial como industrial al desarrollo urbanístico del municipio, al llegar Francisco GRANADOS a la Alcaldía, al amparo de la nueva Ley de Suelo de 2001, se realizó una revisión del Plan General de Urbanismo en la que de nuevo se promueve la reclasificación de una cantidad notable de suelo. Según se recoge en un informe de la Guardia Civil incorporado en la causa y en poder de la Audiencia Nacional, “para la capitalización de dicho planeamiento a favor propio, Francisco GRANADOS y José Miguel MORENO TORRES acudieron los empresarios David MARJALIZA VILLASEÑOR y Ramiro CID SICLUNA, reservándose para sí determinadas contraprestaciones en forma de comisiones (se pagaban comisiones en metálico por la adjudicación de promociones de vivienda pública) y participaciones societarias en el entramado empresarial beneficiado. Así por ejemplo según la declaración de David MARJALIZA VILLASEÑOR en sede judicial, fue el Alcalde Francisco J. GRANADOS LERENA quien convocó a los empresarios MARJALIZA VILLASEÑOR y CID SICLUNA a una reunión en la que les informó de la revisión urbanística a la que iba a ser sometido el municipio de Valdemoro, de las oportunidades urbanísticas existentes en esta operación y el interés del propio GRANADOS en participar del beneficio que podría obtener por estos negocios”, continuando el informe señalando que “de esta reunión los empresarios estudiaron la propuesta y constituyeron la empresa SERVICIOS PATRIMONIALES DE OBRAS Y VIAS, S.L. cuyos socios serían Ramiro CID SICLUNA, David MARJALIZA y María José MARIJUAN, a través de la sociedad AYJOPEN, esposa de Ignacio PALACIOS (jefe de Gabinete de F. GRANADOS) quien encubriría la participación de Francisco GRANADOS en la sociedad”.

Tras esto, según la versión de la Guardia Civil, “los empresarios vieron reclasificados sectores donde disponían de suelo, se allanó el camino a cualquier proyecto de compensación que procediera de los mismos, se articularon los procedimientos de venta de suelo público en su favor, etc. Así las cosas, esta Unidad de Investigación ha podido evidenciar que más de 1,12 MM m2 de suelo rústico en el municipio de Valdemoro perteneciente a empresas vinculadas a los empresarios investigados fueron ‘clasificados’ mediante la aprobación del PGOUV como ‘urbano’. Asimismo otra importante cantidad de suelo fue ‘recalificados’ en beneficio de los empresarios”. Estos hechos, según la Guardia Civil, podían haber hecho ganar a los empresarios “un incremento patrimonial conjunto estimado de unos 709 MM€

Los orígenes. Los terrenos de la Autoescuela en Getafe

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Infografía realizada por la empresa AGARQUITECTOS

Cinco de diciembre de 2005. En el Ayuntamiento de Getafe se reúnen para la firma de un convenio urbanístico, de una parte Francisco Santos Vázquez Rabaz (PSOE), en nombre y representación del Ayuntamiento de Getafe, y a la sazón concejal de Urbanismo. De otra, Angel Torres Sánchez como representante de PROJECT 2005, S.L. y José Rueda Pérez, Manuel Ruiz Morales y Manuel Sanabria Sanabria como representantes de SOTO E HIJOS, S.A.

Los promotores y propietarios urbanísticos son dueños de varias tierras en el barrio de Perales del Río, que “están siendo ocupadas desde hace tiempo por el Ayuntamiento de Getafe, y sobre las cuales ha instalado equipamientos deportivos y zona verde perimetral a la carretera M-301”. Por este motivo, “la Comisión de Gobierno en sesión de 30 de Abril de 2002 ha acordado obtener la titularidad de estos terrenos mediante el expediente urbanístico que proceda”.

Por otra parte, la sociedad PROJECT 2005, de la que es representante Ángel Torres, el hoy presidente del Getafe CF, es propietaria de unos terrenos, cuya calificación otorgada por el vigente Plan Urbanístico del momento era de “Terciario-Dotacional Privado para uso de Auto- Escuela dentro del suelo clasificado como Urbano en la Zona de Ordenanza nº 20 b.”. Este terreno, se encuentra en el extremo sur del barrio de El Bercial, encajado entre unas viviendas y un hotel. Según puede leerse en el convenio “esta finca se encuentra gravada con una hipoteca a favor del Banco Pastor S.A.; por su origen se encuentra afecta por los costes de urbanización del PERI de la UE-18, en la cantidad de 199.414,68 euros”. La hipoteca pendiente de amortizar en el momento de su compra era de 412.591,95 euros.

Para los responsables municipales de ese momento, “la localización de esta parcela para el uso actual resulta inadecuada en el desarrollo urbanístico del PAU “Bercial-Universidad” ya que se quedaría incrustada entre los usos residenciales del PAU y la zona de equipamientos docentes municipales y el área hotelera con la que linda” y añaden “la permanencia de este uso, que conlleva un tráfico intenso y aparcamiento de vehículos incluso pesados, generaría molestias para los residentes de la nueva zona, a la vez de representar un valor negativo para la nueva imagen urbana de la que se va a dotar a este nuevo barrio residencial”.

Por lo tanto, tras la firma del convenio urbanístico, el suelo de la autoescuela pasa a ser urbanizable, debiendo ceder para espacios públicos viarios y equipamientos públicos las parcelas sitas en Perales del Río y 4.500m2 de la finca de la autoescuela. La ocupación privada se realizará sobre el resto de la parcela de la autoescuela, resultando  5.500 m2, lo que estiman que tendrá una capacidad de ordenación para 150 viviendas colectivas.

Una vez firmado el convenio, la empresa AGARQUITECTOS, realiza unas infografías sobre los edificios proyectados, así como los planos urbanísticos de la promoción inmobiliaria que se llevará a cabo en los terrenos.

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Planos realizados por la empresa AGARQUITECTOS

Sin embargo, tras esto, se pierde la pista. El resultado es que no se lleva a cabo la promoción urbanística, y de nuevo, pasado el tiempo, vuelven los terrenos a tener uso para las autoescuelas, volviendo a sus antiguos propietarios.

¿Qué ha sucedido?, ¿por qué no se llevó a cabo la promoción urbanística?. ¿por qué los terrenos volvieron a ser utilizados como autoescuela?.

Quizá podamos contarlo en una siguiente entrega.

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