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El Juzgado que instruye el Caso Teatro no admite la personación de GISA

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Alberto Ganga (izq.) y Roberto Benítez, (dcha.)

A comienzos del mes de enero el Gobierno Municipal, encabezado por Sara Hernández, a la que acompañaba Javier Santos, concejal de IUCM-LV y Nieves Sevilla, concejal de Empleo y máxima responsable de la empresa pública GISA, ofrecían una rueda de prensa ante los medios de comunicación para anunciar que el Gobierno Municipal, a través de la empresa pública GISA, se había personado en las causa que lleva a cabo la investigación de presuntas irregularidades en la tramitación de varios contratos públicos, durante el Gobierno de Juan Soler, que ha sido llamado “Caso Teatro”.

En aquella rueda de prensa no se publicó el escrito de personación de GISA que, varias semanas después, llegó a manos de las partes personadas en los hechos, causando “una mezcla de bochorno e indignación”, según han comentado hoy en rueda de prensa el querellante, Roberto Benítez, y su abogado, Alberto Ganga.

Y es que, en este escrito, GISA explicaba al juez que había tenido conocimiento de las investigaciones llevadas a cabo en el juzgado “por los medios de comunicación” tras la denuncia de una asociación vecinal. De esta forma, se sentía afectada directamente y pedía formalmente formar parte de la causa como acusación.

Sin embargo, el pasado 3 de marzo, el juez que instruye la causa, ha dictado un auto por el que rechaza la personación de GISA, dejándola fuera de la causa, y con ello, al Gobierno Municipal de Getafe.

En palabras del letrado Alberto Ganga, la personación de GISA se ha producido más en base a un objetivo “más mediático que jurídico”, en vista a las alegaciones contenidas en el escrito de la empresa pública. “Es a todas luces imposible que GISA se haya enterado por la prensa de las actuaciones que se llevan a cabo, cuando el propio juzgado les ha requerido varia documentación, y la Policía Judicial detuvo incluso a uno de sus empleados en la sede de la empresa, firmando el propio gerente de GISA la documentación de la incautación de material informático por parte de los agentes de la Policía Judicial, sin contar que otra de sus empleadas se encuentra también investigada en esta causa, así como una exgerente de la empresa pública”.

En el escrito que contenía las alegaciones de los querellantes a esta personación de GISA, también se recogía que la empresa “puede llegar a tener implicaciones civiles, incluso penales, en este procedimiento”, por lo que en modo alguno puede ser tenida como parte en el proceso.

El fiscal, según han declarado los querellantes, también se ha opuesto en un escrito a que GISA forme parte de la acusación popular.

Por estas, y otras razones, el juez que instruye los hechos ha rechazado la personación de GISA, por lo que esta causa tan solo tiene como acusación popular a Roberto Benítez.

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