Principal Getafe Un nuevo «Caso Aparcamiento» apunta directamente a la nueva asesora de alcaldía,...

Un nuevo «Caso Aparcamiento» apunta directamente a la nueva asesora de alcaldía, Cristina González

1307
0

  • La Audiencia Provincial ordena al Juzgado de Instrucción nº 5 de Getafe que reabra la investigación sobre el presunto uso fraudulento del aparcamiento municipal
  • Los hechos, según la Audiencia Provincial, podrían ser susceptibles de encaje en el delito de malversación de caudales públicos del art. 433, en relación con el art. 432, del Código Penal

Un nuevo «Caso Aparcamientos» se cierne sobre el municipio de Getafe, y de forma más concreta, en el Ayuntamiento de Getafe… o en su subsuelo.

Es allí donde se encuentra el aparcamiento municipal, gestionado por la empresa pública Getafe Iniciativas S.A (GISA) y el lugar en el que supuestamente se han cometido una serie de irregularidades.

La sección 15 de la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación presentado por la representación procesal de Mónica Cerdá, la exconcejal socialista que fue responsable de GISA, que hace unos meses denunció el presunto uso fraudulento de las instalaciones del parking municipal, y aquí entra la protagonista de esta historia, Cristina González, recientemente contratada como asesora municipal. Cristina González fue imputada en su anterior etapa como concejal, junto a otro grupo de concejales, técnicos municipales, entre otras personas, en el conocido «Caso Aparcamientos», que hace apenas dos meses ha sobreseído la Audiencia Nacional. En este proceso se investigó la presunta adjudicación irregular de la concesión de varios aparcamientos municipales, estando en la junta directiva de la cooperativa de uno de estos aparcamientos familiares de Cristina González (su marido, su padre y su madre).

En este caso se investigan presuntos hechos ilícitos en el uso del aparcamiento municipal por parte de Cristina González, que sin tener ningún cargo ni función dentro del Ayuntamiento de Getafe, usaba a diario las instalaciones del aparcamiento municipal, abonando las horas de uso de aparcamiento de su coche particular con vales de descuento ofrecidos por GISA. Mónica Cerdá, dentro de su responsabilidad en GISA, solicitó un informe sobre el uso de este vehículo, encontrando que «entre el 15 de diciembre de 2015 y el 15 de marzo de 2016, siendo 1.276,61 euros el precio total de los servicios consumidos, lo abonado ascendió a 63,89 €, justificándose la falta de pago del resto mediante los correspondientes vales descuento”.

La denuncia formulada por Mónica Cerdá llegó al Juzgado de Instrucción nº 5, que sin practicar ningún medio de prueba, archivó la denuncia. Para la Audiencia Provincial «el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias se ha acordado sin la más mínima investigación en instrucción” y añade en su auto que «no se ha llevado a cabo prueba alguna por el juzgador en ese sentido, que el uso gratis de un bien público por la denunciada, que carece de cargo público y no pertenece al personal funcionario o laboral del Ayuntamiento, este sometido a norma alguna. Por lo tanto, solo cabe encuadrarlo en una actuación discrecional del gerente de la empresa que explota dicho parquin».

En la denuncia presentada por Mónica Cerdá, se solicitaron como diligencias en la instrucción “la declaración de los denunciados y de los testigos Silvia Gómez Martín, jefa de Gabinete de Alcaldía, Sara Hernández Barroso, alcaldesa de Getafe, y Juan Manuel Urban, trabajador de GISA, encargado directamente de la gestión del aparcamiento del Ayuntamiento”. Además solicitaba un informe desde junio de 2015 sobre el uso del vehículo de Cristina González, «con el fin de poder cuantificar con mayor exactitud la cuantía de fondos públicos detraída de dichas arcas públicas de la empresa municipal».

Por todas estas razones, el tribunal regional «considera que el sobreseimiento es prematuro. Lo denunciado por la ahora recurrente, si se dan circunstancias o elementos que determinen un posible exceso en las facultades de administración del servicio de aparcamiento, mediante el abuso de vales descuento, con la producción de un perjuicio económico como resultado, podría ser susceptible de encaje en el delito de malversación de caudales públicos del art. 433, en relación con el art. 432, del Código Penal”.

Tras este auto de la Audiencia Provincial, el Juzgado de Instrucción número 5 de Getafe ha ordenado a la Comisaría de Policía Nacional que lleve adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos denunciados.

Tu opinión