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La empresa adjudicataria de la ampliación del colegio de Los Molinos no puede llevar adelante la obra

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  • La ampliación del colegio Miguel de Cervantes, en el barrio de Los Molinos de Getafe, sufre un nuevo contratiempo al no poder llevar la empresa constructora la obra adelante
  • Reticencias por parte de la Administración para la construcción del segundo colegio en el barrio

Era un secreto a voces, pero hoy se ha constatado. JOCASA, la empresa adjudicataria de las obras de ampliación del colegio Miguel de Cervantes, en el barrio de Los Molinos en Getafe, no puede continuar con las obras al encontrarse inmersa en concurso de acreedores. Durante las últimas semanas los padres y madres de los niños escolarizados en el centro dieron la voz de alarma, toda vez que la empresa había retirado toda la maquinaria de la obra, así como casi la totalidad del personal que trabajaba en la misma.

Hoy, en una reunión en la Dirección de Área Territorial (DAT) Sur a la que ha asistido su director, la directora de Infraestructuras, la Inspección Educativa, la dirección del CEIP Miguel de Cervantes así como representantes de su AMPA y algunos de los padres y madres de los niños matriculados en el centro, se ha puesto de manifiesto que JOCA, la empresa que llevaba acabo las obras de ampliación comunicó hace días que, por diversos motivos, no podía hacerse cargo de las mismas, por lo que desde la Consejería de Educación se planteaban dos posibles soluciones. Una de estas soluciones es la rescisión del contrato de adjudicación, lo que llevaría irremediablemente a nuevas licitaciones del contrato, lo que según se argumentó en la reunión, retrasaría en exceso las obras. La otra solución, que es la que parece que finalmente se va a llevar adelante, es la cesión del contrato a una nueva empresa constructora que se hará cargo de estado de las obras, asumiendo el estado y desarrollo de las mismas, así como los plazos de ejecución  niciales, salvo añadido de los retrasos ocasionados por las gestiones de relevo en la actividad. La empresa constructora elegida es UNIKA y, previo seguimiento del proceso y desarrollo de construcción por parte de la Dirección Facultativa y la Dirección de Infraestructuras, se comprometían a terminar la 2ª fase, en el peor escenario posible en plazo no superior al mes de noviembre de 2017, siendo posible la entrega y puesta a disposición con anterioridad del nuevo aulario del centro.

¿Y mientras qué sucederá cuando comience el curso?

Como se asume que la ampliación del colegio no estará al comienzo del cuero escolar, se pone de manifiesto que se tendrá que desplazar a 4 aulas al CEIP Gabriel García Márquez, que corresponderían a las 4 clases de infantil (3 años). El desplazamiento se realizaría a través de una ruta escolar que pagará la Comunidad de Madrid, trasladando al centro de destino a un directivo del colegio. La dirección del CEIP Miguel de Cervantes, además, ha sugerido que se instaure un horario de comedor con desayuno y comida de todos los niños matriculados en el colegio.

El desarrollo de esta alternativa corresponderá a la DAT Sur en su conjunto, aunque se le da cierta potestad a la Dirección del CEIP Miguel de Cervantes para establecer criterios que considere oportunos para llevarlo a cabo. Finalmente será la  DAT Sur quien dé el visto bueno al conjunto.

¿Y la construcción completa del colegio?, ¿y un segundo colegio?

Los padres y madres de los alumnos que han asistido a la reunión han dado múltiples argumentaciones, exponiendo los datos censales infantiles del barrio. Ante sus requerimientos y demandas de la construcción completa del colegio y la puesta en funcionamiento de un segundo colegio en el barrio, se les ha contestado que la Consejería de Educación maneja todos los datos y sugerencias en cuanto a la construcción de un segundo colegio en el barrio, y que se «valorarán» aunque la prioridad en este momento es terminar la ampliación que está comenzada. Han añadido, según fuentes que han asistido a la reunión, que la construcción se seguirá haciendo por el modelo de fases por tener «ventajas», momento en el que los representantes de los alumnos han mostrado su rechazo y disconformidad con este modelo.

Para la construcción de la siguiente fase del colegio, según estas mismas fuentes, «se llevará a cabo un estudio junto con la Inspección Educativa para establecer las demandas «reales» bajo los datos y situación que tienen en la Consejería de Educación. En base a esto, «se desarrollará el proyecto de la siguiente fase o fases si fuera necesario». Las instalaciones del colegio, según han trasladado los representantes de la Administración, «irán acorde a la oferta educativa que se realice».

Se producirá una nueva reunión en la DAT Sur para el seguimiento y desarrollo de las obras a mediados del mes de septiembre.

La constructora Únika, involucrada en un presunto caso de tráfico de influencias

La empresa a la que se cederán las obras de ampliación del colegio de Los Molinos saltó a los titulares de prensa cuando un exconcejal del Partido Popular de San Fernando de Henares. Este concejal declaró en calidad de testigo en la pieza abierta por la jueza de Lugo, Pilar de Lara, a la empresa Únika por un presunto delito de tráfico de influencias, según informaba la Cadena SER. Unika obtuvo adjudicaciones públicas de administraciones gobernadas por el PP como Paradores, ADIF o las comunidades autónomas de Madrid y Galicia.

El concejal denunciante trabajó desde noviembre de 2014 hasta marzo de 2015 como comercial para esta firma y todo fue, según él mismo declaraba en la Cadena SER, «para ponerme un sueldo, gracias a la estrecha colaboración que prestaba a Salvador Victoria«, entonces consejero de presidencia de la Comunidad de Madrid con Ignacio González.

La jueza Pilar de Lara sostiene que Únika habría obtenido «contratos con las administraciones públicas de Madrid y Galicia violando las normas de competencia, publicidad y libre concurrencia para lo cual captarían a distintas personas que desde dentro o fuera de la administración actúan como comerciales». Personas bien relacionadas con la Administración que son la figura de «el conseguidor o abrelatas». Este sería el caso de este exconcejal del PP en Madrid.

El pasado mes de abril, el juzgado número uno de Lugo, que lleva Pilar de Lara, emitió un auto en el que trasladaba al Ministerio Fiscal que elabore un informe sobre la “posible existencia de un delito de obstrucción a la justicia o de otra naturaleza”. El auto según informaba la Cadena SER se sustancia “en las declaraciones prestadas en sede judicial y en el medio de comunicación y por tanto la verdadera finalidad que guía el anuncio de la querella previa a la interposición de calumnias e injurias que ha dado lugar al previo acto de conciliación, celebrado el tres de marzo de 2017, ante el juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid”, en referencia a la querella que anunció la constructora Únika que pondría al exconcejal del PP.

“Toda vez que la interposición de la anunciada querella por calumnias e injurias (por parte de Únika), a la que no ha de ocultar la intención de intimidar gravemente al testigo, tal y como éste, de facto, lo siente, con la finalidad de conseguir la retractación de lo declarado en sede judicial el 24 de junio de 2016, provocando al mismo tiempo que otro órgano jurisdiccional no competente para la investigación de los hechos comunicados por el testigo, pueda cuestionar estos o ponerlos en tela de juicio”, infiere el auto de Pilar de Lara.

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