Principal Social Empleo EXCLUSIVA: El concejal de limpieza, Ángel Muñoz, y el gerente de LYMA,...

EXCLUSIVA: El concejal de limpieza, Ángel Muñoz, y el gerente de LYMA, investigados (imputados) por un juzgado

4600
0
Ángel Muñoz (izq) y Antonio de María
  • El Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid, a través de un auto al que ha tenido acceso en EXCLUSIVA ELBERCIAL.COM cita a declarar en condición de investigados a los responsables de LYMA
  • El concejal Ángel Muñoz, y el gerente de la empresa pública, Antonio de María, deberán acudir a los juzgados a declarar el próximo 25 de septiembre

El Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid en un auto fechado el 14 de julio, cita a declarar como investigados (nueva figura jurídica de los antiguos imputados) a Ángel Muñoz González, y Antonio de María Fernández, concejal responsable de limpieza y gerente de la Empresa Pública LYMA respectivamente. Para ello, deberán acudir a los juzgados de la capital el próximo 25 de septiembre, donde el juez les tomará declaración.

Esta imputación se basa en la denuncia que interpuso una de las despedidas de LYMA por el presunto uso de facturas falsas. En esta denuncia, la extrabajadora de LYMA acusaba a los ahora investigados de falsificación documental, fraude procesal y estafa procesal. Los hechos se remontan durante el juicio en el juzgado de lo social por el despido de la trabajadora A.B.C.P. Durante el desarrollo del mismo se presentó un documento donde presuntamente se suplantaba la identidad y la firma de la trabajadora para asumir los hechos que se le imputaban por parte de la empresa, sustanciados en la entrega de una factura falsa para cobrar una prestación social. Este documento lo usó la representación letrada de LYMA para tratar de ganar el juicio de ese despido, por lo que la trabajadora no tuvo más remedio, para no tener un fallo en su contra, de anunciar que interpondría una denuncia por falsedad documental. El juzgado de lo social, que entendía que este documento presentado por LYMA era «esencial», según las fuentes consultadas, para dictar sentencia, dio un plazo de ocho días a la representación legal de la trabajadora despedida para presentar los hechos ante un juzgado de lo penal, lo que finalmente ha llevado a cabo.

Para el juzgado de instrucción, «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», según recoge el propio auto. Además, el juez cita a la denunciante para practicarle una prueba «de cuerpo de escritura», con el fin de dictaminar si la firma que aparece en el documento presentado en el juzgado de lo social se corresponde con la de su puño y letra.

A la misma vista a los juzgados deberá acudir también en calidad de testigo Marcos Oviedo, instructor de los expedientes de los despidos de los 25 trabajadores de LYMA por el presunto uso de facturas falsas para cobrar prestaciones sociales.

Tu opinión