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EXCLUSIVA: Un juzgado ordena readmitir a otros 2 despedidos de LYMA por el caso de las facturas falsas

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Algunos de los despedidos de LYMA por la entrega de presuntas facturas falsas
  • El Juzgado de lo Social número 41 de Madrid falla en favor de dos empleados despedidos de LYMA en el caso de las presuntas facturas falsas
  • El juez condena a LYMA a readmitirles o a abonarles una indemnización por despido improcedente

Nuevo varapalo judicial para el Gobierno Municipal de Getafe de Sara Hernández y para la Gerencia de la Empresa Pública de Limpieza y Medio Ambiente LYMA. El magistrado titular del Juzgado de lo Social número 41, en dos sentencias fechadas el pasado 18 de julio, estima la demanda de dos exempleados de LYMA y de su abogado, Alberto Ganga. Estos trabajadores fueron despedidos por el caso de la entrega de presuntas facturas falsas para el cobro de prestaciones sociales, y declara la improcedencia del despido efectuado por la empresa a estos trabajadores, condenando a LYMA “a elección del trabajador, a readmitirle en las mismas condiciones anteriores al despido o a que, si así lo manifiesta el trabajador por escrito o mediante comparecencia ante este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, abonarle la indemnización”. La indemnización en uno de los casos supera los 15.000 euros, en otra los 18.000 euros, aunque fuentes cercanas a los dos extrabajadores han explicado a este medio que optarán por la reincorporación a la empresa.

A uno de estos trabajadores, que el juzgado obliga ahora a readmitir en la empresa, hace apenas unos días la representación letrada de LYMA pedía para él 6 años de cárcel por haber cobrado presuntamente 600 euros, dentro en el proceso penal que se sigue tras la denuncia de la empresa en los juzgados de instrucción.

El juez pone en duda el procedimiento de despido

El juez, en las sentencias, admite que en el proceso de despido “puede verse que hay tres incumplimientos” por parte de LYMA “en el procedimiento sancionador que afectan al derecho de defensa del trabajador e infringen la exigencia legal de garantía de audiencia del expedientado, su derecho a oponerse y a pedir prueba y sobre todo a conocer la totalidad del expediente y las pruebas incorporadas al mismo. Tales incumplimientos son trascendentes y enervan la eficacia de la decisión empresarial sancionadora por mucho que se hayan realizado determinados hechos por el trabajador que fuesen susceptibles de reproche pero que no han quedado asentados con garantía de derechos”, según recogen las sentencias a la que ha tenido acceso en exclusiva ELBERCIAL.COM

Estas sentencias echan por tierra los argumentos del Gobierno Municipal y de la Dirección de LYMA, que en un reciente comunicado afirmaban que “de los 24 trabajadores que han sido despedidos, todos presentaron demandas, habiéndose dictado ya 4 sentencias por los Juzgados de lo Social, de las cuales 3 de ellas han confirmado que los trabajadores presentaron facturas falsas para el cobro de prestaciones sociales y que las medidas adoptadas por la empresa son adecuadas, proporcionadas y ajustadas a derecho y que se ha seguido el procedimiento sancionador con todas las garantías exigidas”.

Estas sentencias podrían abrir las puertas para la reincorporación al resto de despedidos, si demuestran que el procedimiento sancionador, y por tanto su despido, no se hizo con plenas garantías e incumpliendo algunos artículos de la normativa en vigor, tal y como recogen estas últimas sentencias.

Como se recordará, el Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid, en una sentencia fechada el 3 de julio de 2017, estimó la demanda formulada por otro de los despedidos de LYMA, teniendo la empresa que readmitirle.

Investigación (imputación) del Concejal de Limpieza y del Gerente de LYMA

Además, recientemente se ha dado a conocer la citación en calidad de investigados (nueva denominación de la figura procesal de los imputados), de Ángel Muñoz (concejal de limpieza) y de Antonio de María (gerente de LYMA), tras la denuncia de otra de las despedidas de LYMA, que les acusaba de falsificación documental, fraude procesal y estafa procesal, ya que en el juicio por la demanda de despido improcedente interpuesto por la trabajadora, la representación legal de LYMA aportó un certificado, que hasta ese momento había estado “traspapelado”, en el que la despedida asumía los hechos y se declaraba culpable. Según la despedida, ella no redactó ese certificado, ni mucho menos lo firmó, por lo que el Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid admitió a trámite la denuncia y citó a los ahora investigados para tomarles declaración y realizar una prueba caligráfica.

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