Principal Púnica Getafe Los sospechosos y extraños contratos de Juan Soler

Los sospechosos y extraños contratos de Juan Soler

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  • Un informe de la Cámara de Cuentas (Comunidad de Madrid) pone en tela de juicio la legalidad de varios contratos llevados a cabo en el Ayuntamiento de Getafe
  • El informe de la Cámara de Cuentas tiene fecha del año 2014, pero está hecho en base a varias contrataciones del Ayuntamiento del año 2012

La Cámara de Cuentas es el órgano de fiscalización y control del Sector Público de la Comunidad de Madrid, depende de la Asamblea de Madrid y su actuación se basa en los principios de transparencia, independencia, objetividad y eficacia. Se trata de un organismo independiente en el ejercicio de sus funciones y goza de autonomía organizativa y presupuestaria. Este órgano ha fiscalizado a través de su historia la gestión de numerosos Ayuntamientos de todos los colores políticos, por su propia iniciativa o a petición de parte, sin que se le haya tachado nunca de «partidista».

El «Informe de fiscalización de la contratación incluida en el ámbito de aplicación de la ley de contratos del sector público celebrada por los entes, organismos y entidades del sector público madrileño. Ejercicio 2012» aprobado por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de 29 de julio de 2014 pone en tela de juicio la legalidad de algunos contratos efectuados por el gobierno municipal de Juan Soler en el Ayuntamiento de Getafe durante el año 2012.

En concreto, son 4 expedientes de contratación en los que la Cámara de Cuentas ha encontrado irregularidades, afectando uno de ellos a una empresa (COFELY) implicada en la trama de la Operación Púnica que ha llevado a Francisco Granados, mano derecha de Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid y a varios alcaldes a ser detenidos. Las irregularidades van desde el fraccionamiento de contratos, empresas que concurren a un mismo contrato con estrechas colaboraciones profesionales entre ellas, rebajas de apenas unos céntimos de euro para evitar hacer concursos abiertos o la invitación a participar en un concurso público a dos empresas, de las tres que exige la normativa, que no cumplen los requisitos con lo que dejan el camino abierto a la finalmente adjudicataria.

Los contratos fiscalizados

1.- COFELY: Fraccionamiento de Contratos

El Ayuntamiento de Getafe adjudicó el mismo día y a la misma empresa, Cofely (implicada en la operación Púnica), mediante procedimiento negociado sin publicidad, dos contratos cuyos objetos eran la «Conservación General y legal y reparación de las instalaciones de calefacción, climatización, extracción forzada, renovación de aire, agua caliente sanitaria, gas y paneles solares fotovoltáicos y termo-solares en edificios y dependencias municipales de usos generales» y la «Conservación General y legal y reparación de las instalaciones de calefacción, climatización, extracción forzada, renovación de aire, agua caliente sanitaria, gas y paneles solares fotovoltáicos y termo-solares en edificios y dependencias municipales de educación infantil y primaria». Según la Cámara de Cuentas «estos expedientes no incluyen ninguna justificación del fraccionamiento de las prestaciones en dos contratos, lo cual permitió que se pudieran adjudicar cada uno de ellos mediante procedimiento negociado sin publicidad».

2.- Más fraccionamiento de Contratos

El Ayuntamiento de Getafe adjudicó, también el mismo día y a la misma empresa, Centro de Intervención Clínica y Social SL, dos contratos «Servicio de Apoyo del programa de voluntariado de mayores» y el «Servicio de apoyo dirigido a personas mayores semi-dependientes”, al que la Cámara de Cuentas en su informe refleja que «pueden hacérsele las mismas observaciones que a los dos contratos precedentes». Esta empresa obtuvo por estos dos contratos un total de 114.345€, siendo la única licitadora y ofreciendo una rebaja del 1% sobre la cantidad ofertada por el Ayuntamiento.

3.- Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF)

El tercer expediente en tela de juicio es el del «Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas informáticos del Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación», que se estableció en 59.999,76€ (IVA excluido) es decir, según la Cámara de Cuentas, «25 céntimos de euro menos que el importe límite admitido por Ley para celebrar un procedimiento negociado sin publicidad». Y añade «aunque este contrato responde a la satisfacción de una necesidad estable y continuada en el tiempo, estableció una duración de un año, lo cual no se ajusta al mandato del artículo 23 TRLCSP (Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), a cuyo tenor la duración del contrato debe establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones. Este fraccionamiento de la prestación en el tiempo posibilita el recurso sucesivo al procedimiento negociado sin publicidad«. La Cámara de Cuentas encuentra más irregularidades «la promoción de la concurrencia por el órgano de contratación fue deficiente ya que solamente obtuvo una oferta, y dos de las tres empresas invitadas a presentarse al procedimiento de adjudicación mantienen una estrecha colaboración profesional». Este contrato, de 70.421,12€ fue adjudicado a la empresa Centro de Innovación y Soluciones Empresariales y Tecnológicas S.L .

4.- Getafe Iniciativas (GISA)

El último expediente corresponde a la empresa pública municipal Getafe Iniciativas S.A (GISA), referente a la contratación para «Redacción de proyecto básico y de ejecución del Centro Europeo de Artes Visuales y Escénicas de Getafe», el cual según la Cámara de Cuentas «la solvencia mínima exigida de las empresas o profesionales para ser admitidos en el procedimiento negociado sin publicidad no era particularmente rigurosa: disponer el arquitecto o arquitecto técnicos responsables de la ejecución de una experiencia profesional mínima de 5 años». Añade el informe que «el órgano de contratación invitó a presentar oferta a tres empresas, dos de las cuales fueron excluidas por no acreditar la solvencia requerida. De esta manera no se produjo una concurrencia efectiva ya que el órgano de contratación solamente obtuvo la proposición de una empresa. El órgano de contratación tiene la obligación, artículo 178.1 TRLCSP, de solicitar ofertas de empresas capacitadas, es decir, entre otras cuestiones, que dispongan de la solvencia precisa para concurrir a la licitación». El valor de este contrato fue de 70.998,59 euros.

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De Boadilla a Getafe, bajo sospecha

inmaculada_lazaro_boadillaInmaculada Lázaro, asesora del alcalde Juan Soler y número 10 en la candidatura municipal del PP, antes de recalar en Getafe fue concejal de Cultura del Ayuntamiento de Boadilla y la presidenta del Patronato Municipal de Gestión Cultura de ese ayuntamiento en la etapa del «albondiguilla», Arturo González Panero exalcalde del PP de Boadilla del Monte, en la etapa del máximo apogeo de la trama Gürtel.
En diciembre de 2008, aprobó contratar la Orquesta Filarmónica Morava (OLOMUK) y la Orquesta Enrique Jordá, bajo la dirección de Inma Shara, por un precio, cada una de ellas, de 48.000 euros, más IVA. La agencia representante de ambas orquestas era Saturno Iniciativas SA, una empresa constructora cuyos estatutos tenían como objeto social «la adquisición por cualquier título de fincas rústicas y urbanas, la construcción de éstas, la administración, promoción, tenencia, explotación y arrendamiento de tales bienes y su venta total y parcial para su aprovechamiento agrícola, ganadero, forestal urbano, industrial o cualquier otro, así como la adquisición, cesión, inversión, tenencia, disfrute, administración, gestión, negociación en general de toda clase de títulos y valores mobiliarios, cotizados en bolsa o no». Es evidente que dicho objeto social nada tenía que ver con la contratación de orquestas ni su representación.
Este hecho fue llevado a los tribunales por los partidos de la oposición de Boadilla, siendo finalmente el Tribunal Superior de Madrid en una sentencia de 2012 quien afirmara que «la Productora Saturno Iniciativas SA carecía de capacidad para contratar con la entidad local en la fecha de adjudicación del contrato e, incluso, en el momento de su formalización en documento administrativo», consiguiendo que este tribunal sentenciara «anulando la resolución adoptada en el punto tercero del orden del día, de la sesión celebrada el 9 de diciembre de 2008, del Consejo Rector del Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por no ser conforme a derecho«. Pese a ello, los vecinos y vecinas de Boadilla abonaron los 96.000 euros más IVA por unos contratos ilegales debido a la tardanza de la justicia en dictar sentencia.

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